Es complicado en ocasiones entender como hechos que se dan por sabidos por todo el mundo, en absoluto rumores, sino estudiadas en las aulas como ciertos, no tienen su correlato en “el mundo real” de la justicia. Esto sucede con especial frecuencia en los países en los que ha habido una dictadura militar y esta no ha acabado por la vía de la ruptura sino a través de uno de esos procesos que se ha venido llamando “transiciones a la democracia”. Un buen ejemplo lo tenemos estos días con las noticias que nos llegan desde Chile sobre el proceso judicial de la llamada “caravana de la muerte” de Arellano. Hay constancia documentada de que el régimen pinochetista actuó ese año 73, como siguió haciendo hasta el 89, con total premeditación y de manera sistemática. Sus muertos, torturados y desaparecidos difícilmente pueden esconderse debajo de ninguna alfombra porque desgraciadamente rebosan cualquier superficie ocultadora. Sin embargo ha costado treinta años que se estén procesando a los oficiales asesinos, hasta 2003 no comenzó el proceso con Arellana encausado y ahora un juez ha encausado también a los miembros de la tristemente famosa caravana, aunque un cambio en el proceso puede hacer que se beneficien, como tantos otros canallas antes, de la impunidad de la ley de amnistía.